Colombia en el Tercer Genocidio Americano

LOS FALSOS POSITIVOS
Por Herico Campos Cervera
para GEA PHOTOWORDS

Según la Organización Mundial del Trabajo, OIT, nueve de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. La fiscalía de este pais sigue investigando la muerte de 2.400 personas, 126 menores, a manos del ejército en la última década acusados de ser “presuntos” terroristas. En la jerga de esta guerra inacabable se les conoce como “falsos positivos”: víctimas civiles masacradas por oficiales y soldados que necesitan justificar estas muertes para ganar recompensas o ascensos dentro del escalafón militar por su “buena labor cívica”. Las fosas comunes llenas de inocentes se multiplican y nadie parece dispuesto a removerlas.

Colombia lleva más de medio siglo desangrándose en una guerra interna que produjo el desplazamiento de millones de campesinos, centenares de miles de muertos y desaparecidos, y un ininterrumpido éxodo de ciudadanos al exterior en busca de un mejor futuro. El conflicto es entre los defensores de un status quo que en su origen no fue capaz de resolver las raíces sociales del mismo y los que se instituyeron en nombre de los afectados por el descuido estatal. El viejo antagonismo fue degenerando en una guerra que derivó en niveles de degradación impensables por la utilización de armas como el secuestro, la desaparición forzada, el asesinato a mansalva, torturas, masacres, etc. Los actores armados son varios, en primer lugar el ejército colombiano, las bandas paramilitares de extrema derecha, -que en muchos casos han actuado en connivencia con el ejército-; las FARC, la guerrilla insurgente más antigua que existe en Latinoamérica; y otra guerrilla de izquierda, el ELN, de menor peso militar pero igualmente aguerrida. La riqueza en recursos naturales y la feracidad de sus tierras hace paradojalmente de Colombia un campo fértil para intereses abyectos como la producción de coca, que retroalimenta la guerra interna, y las ambiciones desmedidas de muchas grandes trasnacionales. Basta saber que actualmente según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos, demostrando que muchas veces la riqueza de un país puede ser su fuente de desgracia.

FALSOS POSITIVOS

Un guerrillero dado de baja o hecho prisionero es lo que se llama “un positivo” en el lenguaje castrense colombiano, y es suficiente para pasar a los registros de mérito de un soldado o unidad militar. Con el advenimiento del gobierno de Uribe Vélez, en el año 2002, que asumió la presidencia con la promesa de finalizar la guerra acabando militarmente con la insurgencia, el ejército colombiano se vio presionado a mostrar resultados. Para incentivar esos logros el gobierno decretó estímulos a los uniformados en forma de dinero y días de franco para sus soldados en campaña, acumulando así también más meritos para sus normales promociones. El apremio para mostrar resultados más el poder corruptor de las recompensas llevó a muchos uniformados a crear sus propios “positivos” asesinando a campesinos, jóvenes ciudadanos desocupados y hasta gente con problemas mentales para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. El escándalo por estas Ejecuciones Extrajudiciales, como se denomina este fenómeno en el lenguaje del Derecho Internacional Humanitario, estalló a fines del 2008 cuando varias mujeres denunciaron que 14 jóvenes de Soacha, ciudad próxima a Bogotá, aparecieron muertos en el norte del país y reportados por el ejército como guerrilleros izquierdistas dados de baja en combate.

A pesar del casi silencio oficial con que son tratados estos temas por el conflicto entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, han trascendido casos de militares que han matado campesinos de la zona para ser devueltos a la base y pasar la navidad en familia; casos de enfermos mentales o de jóvenes desocupados, algunos con antecedentes judiciales, engañados con promesas de trabajo y luego llevados a “campos de batalla” ficticios donde eran asesinados y disfrazados de guerrilleros. La fiscalía colombiana está actualmente investigando unos 1400 casos, con alrededor de 2400 víctimas, 126 menores entre estos. La mayoría de víctimas son ciudadanos o campesinos pobres con familias aterrorizadas debido a los graves atentados sufridos por los que osaron denunciar sus casos. Se teme que la mayor parte de estos expedientes estén destinados a quedar en la impunidad sin una voluntad política que promueva una seria investigación y condene a los culpables, cosa que por ahora no se evidencia con claridad a pesar de los insistentes pedidos de parte de la ONU para que estos casos se esclarezcan.

LAS FOSAS COMUNES

Hay en Colombia miles de fosas comunes. Con más de 2 muertos adentro ya es considerada una fosa común. El mapa oficial de la Fiscalía colombiana sobre la ubicación de las fosas comunes que han revelado los paramilitares desmovilizados es contundente. Allí se reporta el hallazgo de 2.867 fosas; se han encontrado 3.488 cuerpos y se han entregado 1.002 a sus familiares. El tema de las fosas está directamente relacionado con el de los desaparecidos y con los personas sin identificar asesinadas por cualquiera de los actores armados del conflicto. El fenómeno empieza a tomar características masivas al inicio de los 90’ con las masacres y descuartizamientos perpetrados por los grupos paramilitares de extrema derecha para crear terror entre los campesinos supuestos auxiliadores de la insurgencia, aunque la realidad luego demostró que era una táctica de los señores de la guerra mafiosos para quedarse con las tierras de los que iban desplazando. Se cuenta que los paramilitares llegaban muchas veces acompañados de sus propios notarios para legalizar las tierras con que se quedaban. Hoy es probado con cifras que millones de hectáreas de las mejores tierras quedaron en manos de testaferros de narco-mafiosos y para-militares, por lo que se habla de la contra-reforma agraria ocurrida en el país en los últimos 20 años. El resultado final: más de tres millones y medio de campesinos mendigando por las calles de las grandes ciudades colombianas y millones de hectáreas fértiles y productivas en manos de unas mafias, en algunos casos entroncadas con el poder político estatal.

A raíz de la aparición en los últimos tiempos de varias fosas comunes con centenares de despojos humanos sin identificación, se ha instaurado una fuerte polémica entre el gobierno colombiano y los defensores de DDHH. Diversas entidades colombianas y extranjeras, como el Bloque por Asturias y varios parlamentarios de la Unión Europea exigen a la Comunidad Internacional investigar la llamada fosa común de La Macarena, denunciada por campesinos de la zona y ubicada en un área controlada desde el 2002 por el ejército colombiano. El gobierno afirma genéricamente que ésta y las demás grandes fosas son en realidad cementerios que contienen los cuerpos de guerrilleros N.N. dados de baja. Sin embargo, muchos campesinos de las zonas donde se encuentran las fosas o cementerios en cuestión afirman que en esas hoyas reposan los restos de parientes y amigos “desaparecidos” por el ejército o los grupos para-militares. Llama la atención el asesinato de muchos líderes campesinos y trabajadores de DDHH denunciantes; el último fue el homicidio de Norma Irene Pérez, activista de DDHH y una de las auditoras denunciantes en el caso de La Macarena.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló un informe sobre las fosas comunes de La Macarena, expresando su preocupación sobre el tema de los N.N. en esa región, aunque también últimamente negó la existencia de una fosa común allí afirmando que es un cementerio.

La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal manejan unas estadísticas que muestran la falta de seguridad y la deshumanización del conflicto en Colombia. Esos consolidados registran más de 50 mil personas desaparecidas en los últimos 20 años. Sin embargo, las asociaciones de desaparecidos y detenidos hacen hincapié en que ese balance es estimado ya que esas cifras no cuentan los subregistros, que es donde se encuentran los casos no denunciados. Dentro de esos subregistros están los casos no declarados de dolientes de personas que aunque se tenga la certeza, e inclusive pruebas de desaparición forzada se rehúsan a formular denuncia formal por miedo y desconfianza en las instituciones del Estado ante la falta de respuestas y resultados en dar con el paradero de sus seres queridos; no solamente de los desaparecidos, sino también de los responsables, lo que evidencia que denunciar en Colombia puede ser peligroso para la salud.
Así las cosas, la guerra sigue su curso y a pesar del ingente esfuerzo de miles de trabajadores de DDHH y ciudadanos que claman por la paz para frenar la violencia, el drama humanitario colombiano parece no tener fin.

HERICO CAMPOS CERVERA es músico, compositor y productor de música para cine y TV. Nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1950, hijo de padres paraguayos exilados -su padre, Herib Campos Cervera, uno de los poetas más comprometidos y reconocidos de Paraguay, murió exiliado en Argentina-. Vivió parte de su infancia y juventud bajo varias dictaduras en Latinoamérica y esto le ha llevado a interesarse en temas sociales y de DDHH. En los últimos años ha publicado varias crónicas en diferentes medios periodísticos. Contacto: heribis@yahoo.com