Fuente: Jujuy al Día, 12 de julio de 2008
El martes se realiza nueva reunión, para organizar el desembarco en la Legislatura donde se solicitará una norma provincial de prohibición de la minería a cielo abierto.
El rechazo de las comunidades a la posible explotación de uranio en territorio que es Patrimonio de la Humanidad, provocó el jueves último una poblada en la ciudad de Tilcara. Al término de una encendida asamblea popular, de la que participaron vecinos autoconvocados, comunidades indígenas, organizaciones sociales, ambientales, sectores del empresariado, el Intendente, concejales de Tilcara, el Presidente de la Comisión de Ecología de la Legislatura, así como la Jueza de Minas, el Director de Minería y el Secretario de Cultura y Turismo de la Provincia, se labró un acta donde se plasmó la suspensión total de los expedientes iniciados por la empresa Uranios del Sur S.A.
Los ánimos exaltados de algunos sectores provocaron situaciones de pugilato hacia las autoridades presentes. La Jueza Administrativa de Minas, Cristina Lucas de Durruty fue agredida y tuvo que refugiarse en la Comisaría.
Desde que se conoció la autorización del Juzgado de Minas a Uranios del Sur para la realización de trabajos de cateo en las zonas de Juella y Yacoraite, comenzó a gestarse un malestar que fue in crescendo y este jueves hizo eclosión después de una marcha que partió de Juella y que convergió en la plaza de Tilcara. Allí, todos los sectores autoconvocados coincidieron en la necesidad de preservar la región de impactos ambientales y garantizar que la protección que le corresponde a la zona por ser Patrimonio de la Humanidad, no fuera alterada por la minería.
En ese marco, además se señaló la necesidad que la Legislatura sancione una norma que ponga coto a las explotaciones mineras a cielo abierto, cuyo impacto en el medio ambiente es indudable y por lo cual Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Mendoza y Chubut dictaron leyes que prohíben esta actividad y que están destinadas a preservar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado de las generaciones presentes y futuras.
UN ANTEPROYECTO EN LA LEGISLATURA
Durante la asamblea popular que tuvo lugar en Tilcara, la Asociación “La Huella Gaucha” dio a conocer el anteproyecto presentado en la Legislatura recientemente y que era desconocido por las autoridades presente. El mismo establece la prohibición en toda la provincia de la “actividad metalífera a cielo abierto basada en la voladura masiva de rocas y la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda otra sustancia química contaminante en los procesos mineros de prospección, cateo, exploración, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a partir de cualquier método extractivo”. También dicho anteproyecto prohíbe la exploración de uranio, torio y toda otra sustancia radioactiva.
Entre otros puntos, el anteproyecto busca que se declare “zona de exclusión para la actividad minera todas las áreas naturales protegidas en la Provincia de Jujuy y aquellas que conserven Bosques Nativos protegidos” por las leyes vigentes.
Para lograr que la Legislatura de la Provincia trate este anteproyecto, el martes próximo se realizará una nueva asamblea en Tilcara, para acordar estrategias y articular con otras organizaciones de las regiones de Puna y Valles, a los efectos de converger en la Legislatura, probablemente en el mes de agosto. El anteproyecto citado, fue ingresado el 1 de julio a los diferentes Bloques legislativos, pero ahora los diputados deberán rubricarlo para poder darle ingreso y que tome estado parlamentario, como Proyecto de Ley.
LA ASAMBLEA: BRONCA Y TENSIÓN
Cabe resaltar que durante la asamblea popular que coordinó Remo Leaño, integrante de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara, se escucharon expresiones de representantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Juella, Club Atlético Terry, Comunidad Aborigen de Unión Volcán de Yacoraite, El Angosto y Yacoraite Sur.
Cabe resaltar que la comunidad Volcán de Yacoraite se encuentra situada dentro de los territorios afectados en los trabajos de cateo. En esa zona se encuentran sepultados los ancestros de la gente de la región, que reclama no sólo poder seguir viviendo de sus actividades agrícolas, sino el respeto a sus antepasados y a la Pachamama.
También en esa oportunidad, habló una integrante de la comunidad de Juella que destacó que en la región viven alrededor de 108 familias. Las economías agrícolas de subsistencia incluyen la producción de maíz, papa, quinua, hortalizas y frutas como durazno, pera y manzana. De hecho Juella es la Capital del Durazno y es un sitio altamente reconocido por la calidad de su producción natural, que prescinde de químicos y conservantes, un valor agregado altamente reconocido en el mundo.
Durante la asamblea se escucharon también a representantes de la CCC, de Red Puna y del Movimiento Indígena Campesino, entre otros. Además se leyeron adhesiones que llegaron desde diversos lugares, entre ellas la del Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy, Vecinos de la Asamblea Patagónica contra la Contaminación y el Saqueo de Bariloche; Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO a la Mina de Esquel (Chubut), Asamblea del Pueblo de Alvear (Mendoza), Asamblea Mendocina por el Agua Pura y la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Al término de las manifestaciones de los diversos sectores, se produjo el arribo de la Jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty, el Secretario de Turismo y Cultura, Jorge Noceti, el Director de Minería Martín Sánchez, a quienes la asamblea solicitó una ley provincial que prohíba la explotación minera a cielo abierto. El Secretario de Cultura y Turismo se comprometió a acompañar la presentación de ese proyecto, aunque dejó especificada que su intervención se reduce al sitio patrimonial de la Quebrada de Humahuaca, “hasta que se sancione una ley en trámite que crea un ente autárquico de administración de la Quebrada de Humahuaca”.
Noceti en ese marco explicó que “la Quebrada tiene tres áreas: un área de máxima protección, un área de amortiguación y un área de transición, las cuales tienen diversa valoración en la consideración como patrimonio de la humanidad” y agregó que “actualmente la actividad minera en esta zona no está prohibida”. Esto generó una airada reacción de los asambleístas que volvieron a exigir que las autoridades se comprometan a acompañar una ley provincial de prohibición de la minería metalífera.
Las intervenciones del Director de Minería Martín Sánchez y la Jueza de Minas, Lucas de Durruty fueron infructuosas, dado que los asambleístas se negaron a escuchar sus explicaciones, y algunos -por el contrario- increparon agudamente a los funcionarios, por entender que “son cómplices del saqueo y del negociado de la minería”.
El único acuerdo al que se arribó fue el de la firma de un acta donde se sentara la negativa a continuar con los pedidos de cateo en Juella y Yacoraite, que finalmente se concretó cerca de las 20:00. La primera parte del acta expresa: “… como consecuencia de dos expedientes iniciados en el Juzgado Administrativo de Minas para obtener permisos de exploración de minerales de primera y segunda categoría en el área de la Quebrada de Humahuaca, luego de un intercambio de ideas en atención a los antecedentes del caso, el texto de la ordenanza Nro 13/08 y el decreto municipal 180/08 se acuerda: Suspender totalmente la tramitación de los expedientes mencionados, para lo cual la jueza administrativa de minas dictará las providencias que correspondan en los trámites referidos”.
¿QUIEN ES URANIO DEL SUR S.A?
Remo Leaño de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara, durante la asamblea del jueves dio lectura a un material que lleva la firma de Luis Manuel Clips, donde se explica que “Uranios del Sur S.A es subsidiaria de a empresa Uranio AG con sede en Suiza, y que es una accionista mayoritaria de la minera canadiense Rome Resources Ltd”. En dicho texto se agrega que “Uranios del Sur fue creada por esta última para ingresar en el mercado de uranio” y tiene actualmente concesiones mineras en La Rioja y San Luis.
“La empresa Uranio del Sur SA está actualmente en un notable proceso de expansión en Argentina, y su objetivo parece ser acumular la mayor cantidad de concesiones mineras de uranio en el menor tiempo posible”.
En ese texto se destaca que “la prospección y exploración de uranio está prohibida en el estado canadiense de Columbia Británica donde tiene sede Rome Resources Ltd. La prohibición rige desde el 24 de abril de este año”.
“Es decir que lo que Rome Resources no puede hacer en su país de origen, lo que la subsidiaria Uranio AG –y Uranios del Sur- pretende hacer en San Luis, La Rioja y más recientemente en la Quebrada de Humahuaca”.
POR QUÉ NO AL URANIO EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
TEXTO FIRMADO POR VECINOS AUTOCONVOCADOS, COMUNIDADES INDIGENAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES
Los habitantes de la localidad de Tilcara, las comunidades indígenas de la región, la Asociación de Turismo, ONG ambientales y diversas organizaciones sociales rubricaron un documento que fue leído durante la asamblea del jueves último, donde se especifican todos los fundamentos que sostienen el rechazo a la explotación de uranio en la Quebrada de Humahuaca y se solicita el cese inmediato de las actividades de exploración y cateo.
En ese documento se recuerda que “la Quebrada de Humahuaca - un corredor natural de 155 km de largo que comienza en Volcán y termina en Tres Cruces- en el año 2003 en París, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad”, además es “la capital arqueológica de la provincia”, y cuenta entre sus sitios de mayor atracción con un Pucará (antiguo pueblo indígena).
Además se destaca que “en las zona donde se ha solicitado el pedido de prospección y cateo de minerales se encuentra asentada la comunidad aborigen de Volcán de Yacoraite”.
En el documento se recuerda que “el Art. 41 de la Constitución Nacional introduce la expresión desarrollo humano y plantea un claro pronunciamiento en lo que hace a los parámetros que deben ser tenidos en cuenta al momento de las decisiones gubernamentales cuando lo que está en juego son las condiciones para la vida humana. Está presente en ese artículo una nueva versión de la equidad en su versión intergeneracional, que implica un pleno reconocimiento a los derechos de incidencia colectiva”.
En este artículo “se establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano”, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las futuras”. Por eso, “cada obra deberá ser efectuada, teniendo en cuenta que no produzcan consecuencias negativas para el medio ambiente”.
Además el documento recupera la memoria histórica del pueblo, donde está inscripta otra pueblada para evitar la instalación de un electroducto.
El texto subraya además que “en Argentina las explotaciones de metales pesados como el uranio han dejado daños ambientales catastróficos. La explotación del uranio es letal para los habitantes y los trabajadores de las minas y el daño ambiental es irreparable. Todas las mezclas de uranio, natural, enriquecido y empobrecido, tienen los mismos efectos químicos en el cuerpo. Se trata de un material muy tóxico que afecta los sistemas óseo, renal y otros organismos del cuerpo humano. Por ser radioactivo, además el uranio es cancerígeno”.
Recordó el documento que el informe nacional de la Cancillería a la Conferencia sobre el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (1991), señala que: “a los riesgos que se producen en la minería de uranio, se suman los de la operación y los vinculados a la disposición final de los residuos del proceso”.
A propósito se recordó el antecedente del yacimiento Los Gigantes en Córdoba, donde quedaron “abandonadas 600 mil tn de residuos marginales, 1 millón tn estériles, más 2 millones de colas, líquidos y lodos ácidos, arrojados a afluentes del Río San Francisco. Así, se debe elegir entre actividades agrícolas tradicionales, turísticas o la minería, porque ambas actividades son in compatibles”.
La mina Los Gigantes afectó la imagen de Carlos Paz, por eso se cerró definitivamente en el año 1989.
Se encuentran profusamente documentados los efectos de la minería a cielo abierto que genera importantes repercusiones negativas, económicas, ambientales, laborales y sociales con consecuencias a largo plazo.
También el documento indica que “luego de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, Ley General del Ambiente Nacional que reglamenta el art. 41 de la CN, Ley 25.675, no cabe dudas de la operatividad del principio de precaución que dispone que cuando haya peligro de daño grave o irreversible y en ausencia de información o certeza científica, no deberá realizarse para impedir la degradación del medio ambiente. Este principio, constituye el orden público ambiental y debe ser integrado a las políticas de todos en todos los niveles jurisdiccionales”.
En el orden provincial, “además de las leyes ambientales existen instrumentos de gestión y protección suficientes que deben cumplimentarse con la ley nacional, que constituye un piso ineludible que construye los cimientos de la normativa provincial en la materia, la que podrá superarla, pero nunca contradecirla, ni tampoco desconocerla, porque en este caso estaría violando la Constitución Nacional”.
Por último el documento recuerda que “el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, hace más de una década utilizó el paradigma de anclaje para expresar una noción similar a la precaución. `La ciencia y el progreso tiene las virtudes del navegante que se adentra en mares desconocidos. Cuando está en juego la naturaleza se trata de navegar, pero conservando el mar, el cielo y las estrellas que nos guían. Los valores y bienes colectivos son estas estrellas que guían al navegante, es un anclaje en los valores, es ir más despacio para no arruinar todo lo que tenemos que dejar para quienes continuarán en el uso de los bienes ambientales”
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