Reuteman y Binner de acuerdo sobre las retenciones móviles

Por Juan Carlos Tizziani (Santa Fe)
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-14052-2008-06-22.html

El alineamiento de Hermes Binner y Carlos Reutemann en el conflicto con el campo volvió a quedar a la vista en la Legislatura, donde los diputados que responden a uno y otro aprobaron sobre tablas una resolución que exhorta a los 22 legisladores nacionales de Santa Fe -entre ellos el propio Lole- a eliminar las retenciones móviles al agro, lo que significaría aceptar las demandas de las cámaras empresarias y rechazar el mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el Congreso. El instructivo político -que no tiene muchos antecedentes en la provincia- provocó otro remezón en el Frente Progresista que llegó hasta el mismo recinto de la Cámara baja: tres diputados del ARI autónomo: Antonio Riestra, José Tessa y Alicia Gutiérrez y su colega Marcelo Brignoni del partido del intendente de Morón, Martín Sabatella, se negaron a votar el proyecto y saltaron el cerco del interbloque oficial. Los cuatro se abstuvieron. Tessa y Brignoni ya habían profundizado sus diferencias políticas con Binner el miércoles, cuando participaron junto a un nutrido grupo de militantes frentistas en el acto de la plaza de Mayo, en Buenos Aires, en defensa de la democracia y la investidura presidencial.

El acercamiento político entre los seguidores de Binner y Reutemann se completó después en el Senado santafesino, que también exhortó a los legisladores nacionales de Santa Fe "a revisar la movilidad de los derechos de exportación", que es lo mismo que les pidió la Cámara de Diputados de la provincia, pero en otro tono.

En realidad, el operativo contra las retenciones móviles comenzó con un proyecto del jefe del bloque del Frente Progresista, Raúl Lamberto, que reivindicó la facultad del Congreso Nacional para "fijar los derechos de importación y exportación" y propuso pedirles a los legisladores nacionales que "abran el paquete enviado" por la presidenta de la República y se aboquen "a un amplio y profundo tratamiento" del asunto. Lo acompañaban con su firma varios de sus colegas de bancada, entre ellos la diputada Gutiérrez,.que después desistió cuando el texto se transformó en otra cosa.

El proyecto de Lamberto sirvió entonces de base para cerrar un acuerdo entre socialistas y reutemistas en la comisión de Labor Parlamentaria, donde se convirtió en un manual que instruye a los legisladores nacionales de Santa Fe a: "retomar las facultades constitucionales" del Congreso para fijar derechos aduaneros, "otorgar tratamiento preferencial a los proyectos de ley" sobre el tema, "derogar la resolución 125 del Misterio de Economía" -que detonó el conflicto con el campo- y reemplazarla por una "norma que reduzca las retenciones a las exportaciones". El texto cosechó la adhesión -y después, los votos- de 33 legisladores: diez socialistas, diez radicales, tres demoprogresistas y el lilito Pablo Javkin, por el frente oficial. Más siete reutemistas -Alberto Hammerly, Jorge Lagna, Alberto Monti, Darío Scataglini, Federico Reutemann, Silvia de Césaris y Adrian Simil- y dos del Frente para la Victoria que saltaron el cerco de la oposición: María Alejandra Vuscasovich y el presidente del PJ, Norberto Nicotra, que "nunca fue kircherista".

Ya en el debate en el recinto, Frente Progresista comenzó a crujir cuando Lamberto pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto y le saltó uno de sus colegas del bloque. "Es llamativo el fanatismo casi religioso con que este cuerpo se refiere todas las semanas a este tema de las retenciones móviles", disparó Brignoni, asombrado por la defensa legislativa de los intereses del agro. "Parece que todas las semanas hay que rendir tributo a las cámaras empresarias para volver con un papelito a los pueblos", ironizó después, en un diálogo con la prensa.

De paso, Brignoni recordó que el 27 de marzo la Cámara de Diputados de la Nación ya había tratado un proyecto para derogar el último aumento de las retenciones móviles que fue rechazado por 132 a 26. "Que yo sepa el único diputado nacional de Santa Fe que votó por la derogación de las retenciones móviles fue Pedro Morini (UCR). Los demás, votaron por mantener (la resolución 125) o se abstuvieron", disparó el legislador. "Entonces, no es cierto que este tema no haya sido tratado nunca en el Congreso. Fue tratado, y el Congreso ratificó las retenciones. Lo que hay ahora es un espíritu democrático, a mi criterio saludable, de volver a pedir que se traten nuevamente. Pero no es cierto que nunca se trataron", insistió Brignoni. El planteo aumentó el malestar en el bloque oficial porque en esa votación del 27 de marzo en el Congreso los tres diputados santafesinos que se abstuvieron son socialistas: Miguel Barrios, Silvia Ausgburger y María Elena Martín, ésta última esposa de Lamberto.

Más tarde, las diferencias en el Frente Progresista se profundizaron cuando la diputada Gutiérrez explicó que ella y sus colegas Tessa y Riestra tampoco votarían el proyecto de Lamberto, enriquecido por los amigos de Reutemann. "El artículo tres plantea la eliminación total de las retenciones móviles y nosotros pretendemos eliminarlas sólo para los pequeños productores. Nuestra postura es gravar las ganancias de los grandes propietarios para que haya una redistribución de la riqueza y un desarrollo regional que favorezca la inclusión social. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ese artículo porque tal como está redactado, deberíamos eliminar las retenciones móviles, y de paso, reducir las retenciones a las exportaciones", concluyó Gutiérrez.

El instructivo para los legisladores nacionales fue aprobado por 33 votos a favor: veinticuatro de enrolados con Binner, siete reutemistas, más Vuscasovich y Nicotra, "que nunca fue kirhernista". Los otros kircheristas votaron en contra, entre ellos el jefe del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, el obeidista Mario Lacava y el presidente del bloque del Progreso Social, Oscar Urruty, que denunció el apriete. "Estamos padeciendo un lock out patronal salvaje que provocó el desabastecimiento de las ciudades. Y este proyecto avala la presión de este sector empresarial. Entonces, creo que el Estado no puede acceder a esta extorsión", dijo Urruty.