Los directivos y dueños de Clarin y La Nación querellados por el Estado

La apropiación de las acciones de Papel Prensa durante la dictadura militar

El Estado presentó una querella contra Magnetto, Noble y Videla

Publicado el 22 de Septiembre de 2010
en Tiempo Argentino

Por Hernán Cocchi

La Secretaría de Derechos Humanos también denunció y pidió la indagatoria de Bartolomé Mitre y Martínez de Hoz por asociación ilícita, extorsión, secuestros y torturas –en un caso seguida de muerte–. Se trata de delitos de lesa humanidad.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ayer la denuncia por los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el proceso de apropiación del paquete accionario de Papel Prensa, durante la última dictadura militar. El documento concluye que “este despojo fue producto de una voluntad mancomunada de las autoridades de la dictadura cívico-militar y de los propietarios de los diarios, que unieron sus acciones para cometer los ilícitos que al fin permitieron la constitución de la sociedad entre el Estado y Clarín, La Nación y La Razón”. Como querellante, el secretario Eduardo Luis Duhalde solicitó la indagatoria y “oportuno procesamiento” de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera; del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y del titular de la cartera de Desarrollo Industrial Raymundo Juan Pío Podestá. En la lista, el organismo incluyó a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble; al CEO de Clarín Héctor Magnetto; al empresario del diario La Nación Bartolomé Mitre y a los ex directivos de La Razón Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos. “Medió un concierto criminal para poner todos los aportes que fueran necesarios para arribar a la finalidad, inmediata para los compradores, mediata para la dictadura”, afirma hacia el final el texto entregado ayer ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
En concreto, el documento considera que “deben investigarse exhaustivamente los delitos de asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la liberad calificada, torturas y vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad”. Para sostener este pedido, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos incluyeron una larga lista de antecedentes y jurisprudencia tanto nacional como internacional sobre la responsabilidad penal de civiles en violaciones a los Derechos Humanos. La complicidad empresaria en el caso de esta clase de crímenes fue estudiada por una Comisión de Expertos de la Comisión Internacional de Juristas que en 2006 preparó un informe sobre el tema que concluía que una compañía puede ser responsabilizada si “activamente procuró contribuir a groseros abusos de Derechos Humanos”. Los expertos agregaron que “aun cuando podría no haber querido que los abusos ocurrieran”, la responsabilidad igual cabe sobre la firma.
La historia del despojo de la fábrica de papel para diarios que permitió a Clarín su crecimiento exponencial en los últimos 30 años llegó a la justicia luego de la presentación del informe Papel Prensa - La Verdad que realizó la presidenta el pasado 24 de agosto. En su discurso, Cristina Fernández había anunciado que giraría al organismo presidido por Duhalde las 27 mil fojas documentales que acompañaban el documento realizado por la Secretaría de Comercio Interior. La semana pasada, los fiscales Marcelo Molina, Carlos Dulau Dumm y Hernán Schapiro solicitaron a Tiempo Argentino los documentos que respaldan la investigación periodística de más de seis meses sobre el saqueo que sufrieron los Graiver y que concluyó con el secuestro de toda la familia y varios de sus empleados de confianza. En los artículos, este diario demostró con documentación las reuniones que mantenía el represor Oscar Gallino –a cargo de la “investigación” sobre los Graiver– y los directores de los diarios. Luego de esos “encuentros”, el militar preparaba los interrogatorios a los integrantes de la familia mientras estaban desaparecidos.
Con las pruebas en su poder, los fiscales –quienes tienen a cargo la instrucción de la causa que lleva el juez Arnaldo Corazza– deberán determinar si pueden probar judicialmente que los empresarios de Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de la compañía, en complicidad con la Junta Militar.
El eje de los argumentos de la presentación de ayer es que los presuntos delitos de lesa humanidad no comenzaron con los secuestros y las torturas contra los integrantes de la familia y la muerte en la sala de torturas del administrador de los bienes de los Graiver, Jorge Rubinstein, sino antes. Para esto, los abogados del organismo apelaron a la figura de iter criminis, según la cual el camino del delito incluye la fase de preparación del contexto para cometer el crimen hasta su consumación. La palabra “extorsión”, la primera etapa del operativo de despojo, se repite en el texto de la querella para detallar la trama de amenazas y presiones –tanto públicas como privadas– que sufrieron los Graiver luego del accidente aéreo en el que falleció David.
La complicidad entre el poder económico y los represores que tomaron a sangre y fuego el Estado el 24 de marzo de 1976 es otro de los ejes de la querella. El detalle de artículos periodísticos y documentos previos al traspaso de acciones demuestra que “los grandes diarios” fueron al menos parte –sino coautores– de la construcción de una opinión pública favorable a los represores y la criminalización del clan Graiver.
Un apartado especial mereció en la presentación el robo de los demás bienes de los Graiver luego del secuestro y la desaparición de sus integrantes y de algunos empleados. Cuando el 20 de noviembre de 1981 la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial –Conarepa– transfirió al Estado nacional todos los bienes de la familia Graiver “sólo quedaba fuera de este traspaso al Estado la empresa Papel Prensa SA, ya entregada como botín de guerra a sus socios Clarín, La Nación y La Razón.”
En la querella, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos consideraron como pruebas los testimonios de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y del ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover. Además, destacaron la declaración ante el Consejo de Guerra del ex ministro de Bienestar Social durante la dictadura de Agustín Lanusse, Guillermo Manrique, quien el 2 de noviembre de 1977 recordó una reunión previa a la venta con la viuda del banquero y las posteriores gestiones ante el ministro Podestá, quien le habría expresado que “el gobierno entendía que debía liquidarse el Grupo Graiver, que en el caso del papel, se consideraba que lo mejor era que se vendiera o transfiriera a los diarios”.
Pero la querella fue más allá. A lo largo de las 192 páginas, detalló no sólo el plan para beneficiar a un sector económico en detrimento de otro –en particular a los empresarios miembros de la Confederación General Económica vinculada al ex ministro de Economía del gobierno de Juan Domingo Perón José Bel Gelbard– sino las presiones, clausuras y cierres que sufrieron por parte de la Junta Militar los medios de comunicación no adictos a las políticas del la dictadura. Además, recordó que entre los 30 mil detenidos-desaparecidos, se encuentran 70 periodistas.