La baja de edad de imputabilidad y la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes
La Plata (Agencia Paco Urondo, por la Comisión Provincial de la Memoria)
Ante las opiniones vertidas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por sectores de la sociedad civil respecto de la baja de edad de imputabilidad de los niños en conflicto con la ley penal, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires reafirma su oposición a esta medida y señala que:
1) Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por lo tanto, es preciso redoblar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquellas que, como la baja de la edad de imputabilidad, contribuyen a profundizar la brecha social existente en nuestro país. Sabemos que no es fácil, la injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad. Pero, la formula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye que los niños o jóvenes que cometen delitos son también víctimas y padecieron antes la inseguridad de no poder acceder a la alimentación, la salud, la educación y la igualdad de oportunidades.
2) La definición del presupuesto 2009 constituye una nueva oportunidad para consagrar políticas de redistribución de la riqueza e impulsar la asignación universal para menores de 18 años. El gobernador Scioli afirmó públicamente que sólo en territorio bonaerense viven unos 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela. Esas cifras muestran niveles de fragmentación y exclusión social inéditos en nuestro país. No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad. Por el contrario, debemos avanzar una dirección sostenida en el tiempo hacia unas fuerzas de seguridad profesionales, formadas en el respeto más profundo de las garantías individuales, sensibles a la problemática social y eficaz en la prevención del delito.
3) Las políticas públicas de promoción y protección de la niñez no son prioridad de la agenda del Estado. Por el contrario, se verifica el predominio de respuestas represivas y la violación a los tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que gozan de jerarquía constitucional. En la provincia de Buenos Aires existen dos herramientas legales idóneas: la ley 13 298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13 634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino.
4) Bajar la edad de imputabilidad no sólo no resolverá el problema sino lo agravará. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio.
5) Un reciente fallo de la justicia de La Plata pone en evidencia la vigencia de prácticas discrecionales de la policía bonaerense, violatorias de derechos, y estigmatizantes de los niños y los jóvenes. El dictamen del juez Luis Arias declaró inconstitucional la detención de menores de 18 años por contravenciones y averiguación de identidad, y prohibió la práctica conocida como “entrega menor”, dónde sin causa evidente los menores son detenidos, encerrados en comisarías y luego liberados o entregados a sus padres, sin que los jueces sean notificados.
En virtud de lo expuesto la Comisión Provincial por la Memoria exhorta a los tres poderes del Estado a:
a) Impulsar la asignación universal para los menores de 18 años.
b).- Implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en nuestra legislación; poner en marcha todos los órganos previstos por la ley 13.298: los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. Consideramos especialmente relevante el rol que puede desempeñar en la implementación y articulación de políticas públicas de inclusión el consejo interministerial que integran las carteras de Desarrollo Social, Salud, Economía, Educación, Seguridad y Derechos Humanos.
c) Fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves.
d) - Adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia.
e).- Ordenar el cese de la detención de niños en comisarías, demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de personal policial y de asistentes de minoridad.
1) Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por lo tanto, es preciso redoblar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquellas que, como la baja de la edad de imputabilidad, contribuyen a profundizar la brecha social existente en nuestro país. Sabemos que no es fácil, la injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad. Pero, la formula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye que los niños o jóvenes que cometen delitos son también víctimas y padecieron antes la inseguridad de no poder acceder a la alimentación, la salud, la educación y la igualdad de oportunidades.
2) La definición del presupuesto 2009 constituye una nueva oportunidad para consagrar políticas de redistribución de la riqueza e impulsar la asignación universal para menores de 18 años. El gobernador Scioli afirmó públicamente que sólo en territorio bonaerense viven unos 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela. Esas cifras muestran niveles de fragmentación y exclusión social inéditos en nuestro país. No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad. Por el contrario, debemos avanzar una dirección sostenida en el tiempo hacia unas fuerzas de seguridad profesionales, formadas en el respeto más profundo de las garantías individuales, sensibles a la problemática social y eficaz en la prevención del delito.
3) Las políticas públicas de promoción y protección de la niñez no son prioridad de la agenda del Estado. Por el contrario, se verifica el predominio de respuestas represivas y la violación a los tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que gozan de jerarquía constitucional. En la provincia de Buenos Aires existen dos herramientas legales idóneas: la ley 13 298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13 634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino.
4) Bajar la edad de imputabilidad no sólo no resolverá el problema sino lo agravará. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio.
5) Un reciente fallo de la justicia de La Plata pone en evidencia la vigencia de prácticas discrecionales de la policía bonaerense, violatorias de derechos, y estigmatizantes de los niños y los jóvenes. El dictamen del juez Luis Arias declaró inconstitucional la detención de menores de 18 años por contravenciones y averiguación de identidad, y prohibió la práctica conocida como “entrega menor”, dónde sin causa evidente los menores son detenidos, encerrados en comisarías y luego liberados o entregados a sus padres, sin que los jueces sean notificados.
En virtud de lo expuesto la Comisión Provincial por la Memoria exhorta a los tres poderes del Estado a:
a) Impulsar la asignación universal para los menores de 18 años.
b).- Implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en nuestra legislación; poner en marcha todos los órganos previstos por la ley 13.298: los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. Consideramos especialmente relevante el rol que puede desempeñar en la implementación y articulación de políticas públicas de inclusión el consejo interministerial que integran las carteras de Desarrollo Social, Salud, Economía, Educación, Seguridad y Derechos Humanos.
c) Fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves.
d) - Adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia.
e).- Ordenar el cese de la detención de niños en comisarías, demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de personal policial y de asistentes de minoridad.
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